Usar la Ley de Violencia de Género contra maridos y padres inocentes, demasiado fácil

Usar la Ley de Violencia de Género contra maridos y padres inocentes, demasiado fácil

La norma ignora la conciliación y la presunción de inocencia; cualquier denunciado es ‘maltratador’, no puede ver a sus hijos y es desposeído de sus bienes
Con la Ley de Violencia de Género, puesta en marcha por Zapatero hace ahora casi dos años, los ‘maltratadores’ proliferan como setas, las denuncias se acumulan en los juzgados, las asociaciones de defensa de padres y maridos vejados o denunciados injustamente arrecian sus críticas al Gobierno y, lo que es peor, la ley no frena el incremento de muertes por violencia doméstica, que se cifra ya en 62.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre de 2004, tiene un nombre tan largo como la lista de injusticias que genera: Es sencillísimo usarla contra maridos y padres inocentes, sobre todo en los casos de mujeres sin escrúpulos que buscan mayores beneficios en casos de separación y divorcio.

Cualquier denunciado, por el simple hecho de serlo, es considerado ‘maltratador’, ignorando su presunción de inocencia; y se priva al padre, que es desposeído de sus bienes, del derecho a ver a sus hijos. Además, la ley ignora la posibilidad de que medie cualquier conciliación entre las partes.

Vida arruinada

Que la ley está mal hecha es algo más que evidente para los expertos. El pasado día 1, por ejemplo, se publicó una noticia que informaba de que un guardia civil, supuesto maltratador de su ex mujer, con la que tiene una hija de pocos meses, era desterrado cinco años de Mallorca por haberla agredido verbalmente, golpeado y amenazado con cortarle el cuello.

Los hechos sucedieron el pasado 22 de noviembre, al producirse una violenta discusión entra las dos partes en el domicilio de la juez, separada del guardia civil.

Partiendo de la base de que no parece haberse demostrado la autoría de los hechos denunciados, porque el juicio se celebró sin testigos que pudieran demostrar lo que ocurrió, lo que llama la atención es la rapidez con que se actuó en este caso y la contundencia de la sentencia, que ha arruinado la vida del acusado.

Según ha trascendido, la supuesta agredida, conocedora por su profesión de los procedimientos a seguir en estos casos, aprovechó que el presunto agresor después de la discusión se fue a ver un partido de fútbol a su lugar de trabajo para interponer la denuncia. Poco tiempo después el guardia civil era detenido por sus propios compañeros de profesión.

La juez encargada del caso, Magdalena Ferrate, dictó una sentencia fulminante: destierro de la isla durante cinco años, prisión de ocho meses, suspensión de empleo público, retirada de la patria potestad de su hija durante tres años, prohibición de tenencia de armas durante seis años y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante sesenta días.

La sentencia podría haber sido todavía más grave si el acusado, al que arroparon una decena de compañeros de trabajo, no hubiera llegado a un acuerdo para rebajar la pena: reconocer haber sido autor de los malos tratos.

Por la vía rápida y sin conciliación

El hecho de que el juicio se celebrara con una celeridad inusual, apenas una semana después de los hechos denunciados, pone al descubierto la arbitrariedad con que permite actuar esta ley.

Mientras las denuncias y juicios pendientes desbordan los juzgados, en este caso se actuó por la vía rápida, llevando directamente a juicio al acusado sin contemplar la posibilidad de conciliación alguna, otro de los fracasos de una ley que podría evitar muchas separaciones si tuviera en cuenta este elemento mediador.

Cabe remarcar también que, así como en este caso fue considerado delito la actuación del guardia civil, si hubiera sido al contrario, la agresión de mujer sólo se hubiera contemplado como falta. Es por tanto una ley más gravosa para el hombre que para la mujer.

El hombre, víctima de la ley

Eso es precisamente lo que vienen denunciando una serie de asociaciones, que reivindican los derechos de muchos maridos y padres acusados injustamente por sus mujeres. La ley les da a ellas todo tipo de privilegios en este sentido.

Alegan que “el Gobierno ha impulsado una ley poco eficaz y que ha permitido la multiplicación de falsas denuncias por parte de algunas mujeres sin escrúpulos, que pretenden sacar mejoras en el proceso de separación y divorcio”, según afirmaba recientemente desde Barcelona Carlos Sánchez, de la Unión de Padres Separados, en una ‘Carta de los Lectores’.

Ante el atasco de los juzgados, muchas denuncias no probadas son archivadas “sin mayores consecuencias para las denunciantes, pero con el perjuicio irreparable de los perjudicados, que arrastran la duda sobre su honorabilidad, lo que queda igualmente sin reparar”, añadía Sánchez.

Y es que “los jueces, ante la alarma social y para curarse en salud, firman en segundos la orden de alejamiento y ya se demostrará si es cierta la causa”, continuaba el padre afectado.

El presidente de la Unión de Padres Separados concluía denunciando que al marido o padre “se le priva de su presunción de inocencia de manera radical” y que “las falsas denuncias destruyen el ánimo y la salud de quienes las padecen”.

Cifras reveladoras

Los datos estadísticos sobre hombres denunciados, desde que entró en vigor la ley, son reveladores y contrastan con el hecho de que el número de víctimas por malos tratos sea el más alto de la historia reciente, alcanzando en lo que va de año las 62 mujeres muertas a manos de su pareja.

Según el Observatorio de Consejo General del Poder Judicial, durante el primer año de vigencia de la ley se detuvo en España a 150.000 varones (160.000 de acuerdo con las cifras aportadas en los Cursos de Verano de El Escorial), o sea más de 400 por día. De hecho, sólo por el hecho de que haya una denuncia por maltrato físico, o psíquico, ya se procede a la detención.

Además, desde que se puso en marcha la orden de protección, más de 250.000 hombres han sido sacados por la fuerza de sus casas, separados de sus familias, desposeídos de sus bienes en juicios inapelables o enviados a la cárcel, en muchos casos, como si se tratara de maleantes no reciclables para la sociedad.

Asimismo, alrededor de otros 190.000 han sido fichados en el Registro de Maltratadores y más de 25.000 desterrados de su entorno en 2005 mediante órdenes de alejamiento, a veces durante años, uno de los instrumentos más eficaces para romper definitivamente un matrimonio.

Las asociaciones en defensa de los derechos de padres y maridos ‘maltratados’ por la ley se preguntan si realmente era necesaria una norma que discrimina de una forma tan injusta a los hombres, sobre todo teniendo en cuenta que el Código Penal ya contempla y prevé todo tipo de circunstancias agravantes en casos de malos tratos. Y, al mismo tiempo, añaden la siguiente cuestión: “¿quién cree a un hombre cuando denuncia en comisaría que su mujer le agrede?”.