La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos ha dado en Ginebra (Suiza) su informe sobre los derechos humanos en Honduras después del golpe de Estado militar del 28 de junio/09, en el que pide una investigación sobre las violaciones cometidas en ese período.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, solicita que “se realicen investigaciones independientes… especialmente en los casos de violación del derecho a la vida, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones, e inicien procedimientos judiciales contra quienes resulten responsables”.
Hasta este momento, de acuerdo con este informe, la mayoría de esas violaciones –a las que el golpe de Estado dio lugar—siguen impunes, y, por lo tanto, se le recomienda al gobierno “formular un plan de acción nacional de derechos humanos y evitar el uso de la fuerza militar en funciones de control de cumplimiento de la ley”.
La importancia de este informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país a partir del golpe de Estado militar del 28 de junio es fundamental en el proceso de reinserción de Honduras en la comunidad internacional, toda vez que no se ha hecho justicia en los muchos casos en que fueron violados los derechos humanos con extrema gravedad.
“Las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales, la falta de competencia de las autoridades militares para ejercer funciones de control del cumplimiento de la ley”. Asimismo, “la suspensión de garantías fue incompatible con las obligaciones internacionales de Honduras”.
En consecuencia, la ONU requiere de Honduras “revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita”, así como en lo que respecta a “la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial, la Ley de Policía y Convivencia social, y la ley de Estado de sitio”.
Además, plantea la necesidad de “establecer un mecanismo nacional independiente encargado de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En nuestra historia, esta es la primera vez que el más elevado organismo de defensa de los derechos humanos en el mundo señala a Honduras de manera tan puntual y contundente por violaciones cometidas contra el pueblo, debido al rompimiento del orden constitucional e institucional y la implantación de una dictadura por medio de las armas y la colusión de los poderes del Estado, Legislativo y Judicial.
La restitución de Honduras en el concierto mundial de Estados y la plena legitimación de su gobierno pasa por el juzgamiento de los responsables de los crímenes y violaciones perpetradas durante el golpe de Estado y a lo largo del régimen de facto, lo mismo que con la prueba de estar el gobierno en disposición de satisfacer las medidas y recomendaciones planteadas por la alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU a que hacemos referencia.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, solicita que “se realicen investigaciones independientes… especialmente en los casos de violación del derecho a la vida, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones, e inicien procedimientos judiciales contra quienes resulten responsables”.
Hasta este momento, de acuerdo con este informe, la mayoría de esas violaciones –a las que el golpe de Estado dio lugar—siguen impunes, y, por lo tanto, se le recomienda al gobierno “formular un plan de acción nacional de derechos humanos y evitar el uso de la fuerza militar en funciones de control de cumplimiento de la ley”.
La importancia de este informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país a partir del golpe de Estado militar del 28 de junio es fundamental en el proceso de reinserción de Honduras en la comunidad internacional, toda vez que no se ha hecho justicia en los muchos casos en que fueron violados los derechos humanos con extrema gravedad.
“Las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales, la falta de competencia de las autoridades militares para ejercer funciones de control del cumplimiento de la ley”. Asimismo, “la suspensión de garantías fue incompatible con las obligaciones internacionales de Honduras”.
En consecuencia, la ONU requiere de Honduras “revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita”, así como en lo que respecta a “la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial, la Ley de Policía y Convivencia social, y la ley de Estado de sitio”.
Además, plantea la necesidad de “establecer un mecanismo nacional independiente encargado de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En nuestra historia, esta es la primera vez que el más elevado organismo de defensa de los derechos humanos en el mundo señala a Honduras de manera tan puntual y contundente por violaciones cometidas contra el pueblo, debido al rompimiento del orden constitucional e institucional y la implantación de una dictadura por medio de las armas y la colusión de los poderes del Estado, Legislativo y Judicial.
La restitución de Honduras en el concierto mundial de Estados y la plena legitimación de su gobierno pasa por el juzgamiento de los responsables de los crímenes y violaciones perpetradas durante el golpe de Estado y a lo largo del régimen de facto, lo mismo que con la prueba de estar el gobierno en disposición de satisfacer las medidas y recomendaciones planteadas por la alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU a que hacemos referencia.
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