Falsas denuncias de maltrato

Falsas denuncias de maltrato

Las estadísticas oficiales no reflejan la existencia de denuncias falsas por violencia machista; sin embargo, en distintos ámbitos se sospecha que en un número reducido de casos hay mujeres que utilizan esa artimaña para lograr una posición favorable en el proceso de divorcio.
Para la Asociación de Mujeres Juristas Themis estas críticas son infundadas, ya que, mientras las acusaciones falsas suponen el 9% del total de delitos, en los casos de agresiones a mujeres no llegan al 4%. Una denuncia en un juzgado de Violencia sobre la Mujer puede tener consecuencias “muy drásticas y rápidas”, como la detención del presunto agresor o una orden de alejamiento del domicilio familiar y de los hijos, explica el abogado Luis Zarraluqui, titular de un despacho especializado en Derecho Familiar.
Una denuncia de malos tratos en un juzgado de Violencia sobre la Mujer puede tener consecuencias "muy drásticas y rápidas", como la detención del presunto agresor o una orden de alejamiento del domicilio familiar y de los hijos, explica a Efe el abogado Luis Zarraluqui, titular de un prestigioso despacho especializado en Derecho Familiar.
Por eso, dice este experto, "hay quien intenta coger el atajo, el camino más rápido, y hace tiempo que, aunque es difícil de constatar, venimos detectando la existencia de denuncias falsas, que pretenden alterar la situación de paridad para el inicio de un divorcio".
Desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su jefa de sección, Paloma Marín, señala a EFE que, de ser ciertas esas denuncias falsas, extremo que sólo se podría confirmar con una sentencia condenatoria, se trataría de 18 casos frente a las 126.000 denuncias por malos tratos que hubo en 2007 en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Según este organismo dependiente del CGPJ, en 2008 el número de denuncias se elevó a 142.125, de ellas un 11,33% (16.000) fueron retiradas durante el proceso. De las 49.600 sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género, el 63% fueron condenatorias y el 37% absolutorias.
Una opinión totalmente opuesta es la que defiende el presidente de la Asociación de Madres y Padres Separados, Juan Luis Rubio, quien afirma que de los 22.000 asociados, un 60% declara haber sido víctima de una denuncia falsa.
Sólo con una denuncia por amenazas o maltrato, explica, el juzgado dicta una orden de alejamiento, por la cual el padre no se puede acercar ni a la madre ni al hijo hasta que se celebre el juicio.
Los enemigos de la Ley Integral dijeron desde el primer momento que se iban a producir este tipo de denuncias, pero son también enemigos de la ley, afirma, "quienes no exigen su aplicación con todo el rigor. Si se permite que una mujer impunemente presente una sola denuncia falsa, se está torpedeando la credibilidad de la ley".
Crítica con la Ley Integral desde sus principios, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona María Sanahuja considera, en declaraciones a EFE, que el número de testimonios que se conocen por denuncias falsas "siempre son y serán pequeños, pero eso no significa que no se produzcan en muchas ocasiones. Perseguirlas es muy difícil, porque es la palabra de uno contra la del otro".
En opinión de esta jueza, que fue decana de los juzgados de Barcelona, "hemos pasado de un extremo al otro a lo salvaje. Del pasado, en que no servía la palabra de la mujer ni para comenzar una investigación, a la situación actual en la que esa palabra, casi sin nada más, ya sirve para una condena".
El Código Penal, dice, debe volver a "terrenos de normalidad, de racionalidad, que se ajuste la gravedad del hecho a la gravedad de la condena, y que la práctica policial y judicial se adecúe a los principios de la democracia, no detener a alguien sin investigación previa", agrega Sanahuja.