Gitanos:Derechos humanos y europeos

Gitanos:Derechos humanos y europeos

El presidente de la Comisión Europea, el ex primer ministro de Portugal José Manuel Durao Barroso, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se enfrascaron en una dura discusión. La causa fue la expulsión de ciudadanos rumanos (gitanos, roma) del territorio francés. La comisaria luxemburguesa Viviane Reding, a cargo de la cartera de Justicia, comparó la decisión de Sarkozy con las deportaciones nazis de la II Guerra Mundial. Sarkozy les respondió que podía recibir a todos los expulsados en su nativa Luxemburgo. Aunque luego Reding reconoció la exageración de su declaración, el asunto que provocó ese áspero triángulo no ha desaparecido.

El origen de esas peligrosas discusiones, alarmante porque levanta nuevas dudas sobre la efectividad de la UE, fue la expulsión sumaria de más de 8.000 gitanos y su embarque en vuelos con destino a su país de origen. Como muestra de las divisiones que amenazan gravemente a la UE, algunos mandatarios europeos respaldaron diplomáticamente a Sarkozy, a sabiendas de que la inmigración ilegal en sus propios países pueda desencadenar incidentes similares. La canciller Angela Merkel se apresuró por su parte a desmentir la alusión de Sarkozy, quien alegaba que su colega tenía proyectada una similar operación en Alemania, con las consecuencias que podrían derivarse teniendo en cuenta el trágico pasado de su país.

La opinión europea se hizo eco de la gravedad de los efectos de la aparente violación de derechos fundamentales, y también de las ramificaciones jurídicas de la decisión. El hecho no solamente invitaba a la condena moral, sino que hacía trizas la propia legislación de la UE, y además el ordenamiento de una Europa más amplia, organizada en el seno del Consejo de Europa (diferente del Consejo Europeo), cuya atribución central es precisamente el terreno de los derechos humanos.

Así, por lo tanto, conviene proceder a una lectura rigurosa del entramado legal en el que se inserta el incidente, tal como ha hecho la catedrática de la Universidad de Salamanca Araceli Mangas, una autoridad de la complejidad de la UE. Así, por ejemplo, se repara en que la decisión de Sarkozy simultáneamente ataca dos legislaciones, de las que Francia es signatario pleno.

En primer lugar, la medida tomada por el presidente francés se topa con unas básicas normas de la UE, que regulan la libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión, y los gitanos del caso son abrumadoramente rumanos. Pero, por encima de la legislación de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) declara de forma textual la prohibición de «expulsiones colectivas de extranjeros». Como letra pequeña de esa obligación, las reglas de la UE son cristalinas. Todos los ciudadanos de la UE (y sus familias, sin distinción de nacionalidad) tienen vía libre de circulación, cualquiera que sea el motivo.

Además, todo ciudadano de la UE tiene derecho a elegir su «residencia permanente, en cualquier municipio, en cualquier Estado», beneficio extensivo a sus familias. Este derecho no está solamente respaldado por normas globales, sino que está perfectamente tipificado en los sucesivos tratados de la UE, modificados periódicamente. Taxativamente se prohíbe cualquier tipo de discriminación a causa de la nacionalidad o el origen racial.

Es cierto que esos derechos no son ilimitados, y son diferentes a los disfrutados por los nacionales, pero nunca quedan sujetos a decisiones caprichosas. La legislación comunitaria, por ejemplo, exige que los nuevos residentes deban probar que tienen medios para mantenerse, para no terminar asistidos por la beneficiencia pública. ¿Quiere decir eso que el Estado receptor puede expulsar a los que no posean medios? Sí, pero el problema se debe tratar individualmente, caso por caso, y nunca de manera colectiva. La causa solamente puede ser atribuida a razones de orden público, seguridad o salud pública.

Por lo tanto, Sarkozy tendría derecho a decretar la expulsión, pero solamente la que afectara a los individuos que estuvieron implicados en unos recientes altercados en los que murió un ciudadano rumano. Los cargos se deberían presentar al individuo en concreto, y solamente una sentencia judicial daría el visto bueno a la expulsión. Ninguno de esos pasos ha sido cumplido por las autoridades francesas. Para más duda sobre la medida, conviene también recordar que ese tipo de expulsiones no puede ser de por vida. Cada tres años los afectados pueden solicitar la revisión de la aparente 'violación grave' de derechos humanos y del derecho de la UE. De fallar en su favor los tribunales, los expulsados podrían demandar su reintegración y recibir una compensación económica.

De momento, a la espera del expediente abierto por la Comisión Europea, el Gobierno francés no se ha retractado. De lo que finalmente resuelvan las instituciones de la UE depende que el daño también afecte a la propia Unión, en absoluto necesitada de muestras negativas de justicia.