PENA DE MUERTE
Teresa Lewis se convirtió hoy en la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 2005, tras recibir una inyección letal en la prisión de Greensville, en Virginia, donde ninguna mujer había sido condenada a muerte desde 1912.
Una intensa campaña que pedía clemencia por la presunta discapacidad intelectual de la presa no logró impedir que las autoridades del centro correccional aplicaran la inyección letal a Lewis, la décimo segunda mujer ejecutada en el país desde que se restauró la pena de muerte en 1976.
La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte de un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación; los delitos a los cuales se aplica esta sanción penal suelen denominarse «crímenes» o «delitos capitales».
Más de dos tercios de los países del mundo han abolido ya la pena de muerte en la ley o en la práctica. Si bien en 2009 aún conservaban la pena de muerte 58 países, la mayoría no la utilizaron.
El nivel de apoyo a la pena de muerte varía mucho en cada país. En las democracias tanto abolicionistas como retencionistas , el punto de vista del gobierno suele tener un amplio apoyo popular y recibe poca atención de la clase política o los medios de comunicación. En algunos países abolicionistas, la mayoría de la población apoya o ha apoyado la pena de muerte, y la abolición fue adoptada a consecuencia de cambios políticos, como el paso de un régimen autoritario a otro democrático. También influyó en los países del este de Europa el hecho de que la abolición se convirtiera en condición necesaria para poder integrarse en la Comunidad Europea. Estados Unidos es una notable excepción: algunos estados han prohibido la pena de muerte desde hace décadas (el primero en abolirla fue Míchigan en 1846), mientras otros aún la practican; la pena capital es hoy día un tema polémico de discusión en todo el país. Sin embargo, en otros países es raro que se prohíba la aplicación de la pena de muerte a consecuencia de una discusión pública activa de sus méritos y consecuencias.
La pena de muerte es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado y a sangre fría a manos del Estado. Este castigo cruel, inhumano y degradante, que se impone en nombre de la justicia, viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del método empleado por el Estado para acabar con la vida de la persona condenada.
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