MENORES Y LA PENA DE MUERTE

MENORES Y LA PENA DE MUERTE

Después de 50 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo objetivo es liberar al hombre de la crueldad de los Estados, más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

De las naciones, cada vez más escasas, que mantienen la pena de muerte, la mayoría respetan las leyes internacionales de derechos humanos al limitar la pena capital a los adultos.

Estados Unidos aplica la pena de muerte a las personas que tienen menos de 18 años en el momento de cometer su delito. A consecuencia de esta actitud, unos 70 menores aguardan a ser ejecutados bajo la custodia de las autoridades estadounidenses.

En los años noventa, en Estados Unidos han sido ejecutados ya ocho menores. Durante ese mismo período, sólo se sabe de otros cinco países -Arabia Saudí, Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen- que hayan ejecutado a menores y, entre los cinco, han ejecutado a un total de nueve menores.

Sin embargo, en Estados Unidos hay personas para las que esta respuesta fría y brutal a los delitos violentos cometidos por menores no es suficiente. Mientras el resto del mundo deja de aplicar la pena de muerte a sus menores, algunos políticos estadounidenses piden que sus leyes estatales reduzcan la edad de los posibles condenados a la pena de muerte por debajo incluso de los 16 años establecidos por la Corte Suprema.

Estados de EE.UU con pena de muerte

ALABAMA

FLORIDA

LOUISIANA

NUEVA HAMPSHIRE

OREGON

VIRGINIA

ARIZONA

GEORGIA

MARYLAND

NUEVA JERSEY

PENNSYLVANIA

WASINGTON

ARKANSAS

IDAHO

MISSISSIPPI

NUEVO MÉXICO

CAROLINA DEL SUR

WYOMING

CALIFORNIA

ILLINOIS

MISSOURI

NUEVA YORK

DAKOTA DEL SUR

COLORADO

INDIANA

MONTANA

CAROLINA DEL NORTE

TENNESSEE

CONNECTICUT

KANSAS

NEBRASKA

OHIO

TEXAS

DELAWARE

KENTUCKY

NEVADA

OKLAHOMA

UTAH

Estados de EE.UU sin pena de muerte

País

ALASKA

IOWA

MASSACHUSETTS

MINNESOTA

RHODE ISLAND

VIRGINIA DEL OESTE

HAWAII

MICHIGAN

DAKOTA DEL NORTE

VERMONT

WISCONSIN

COLUMBIA

Fuente: Amnistia Internacional