El choque entre la Administración y la Justicia
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, hizo el miércoles balance de la situación de este problema, que ha empeorado durante el primer semestre del año ya que el número de mujeres asesinadas creció un 26%. E hizo algunas consideraciones sobre el papel de la Justicia en la contención de esta violencia machista. Entre otras cosas, dio a entender que hay en la actualidad unas 500 mujeres «en riesgo alto o extremo» que no serían suficientemente protegidas por el sistema judicial, que, teniendo a su disposición 3.000 pulseras con GPS para localizar a los agresores potenciales, tan sólo mantiene en funcionamiento 369. Las asociaciones judiciales han saltado como un resorte ante esta insinuación y han acusado a Lorente de lanzar un mensaje «confuso, por lo ambiguo, y equívoco, por lo genérico, «que pone de manifiesto su pretensión de «cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas» de los casos de violencia de género. Y han señalado que, al estar en juego un derecho fundamental, la pulsera no puede ser aplicada sin pruebas. El choque entre la Administración y la Justicia es, en este caso, estimulante, ya que sirve de acicate a unos y a otros.
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, hizo el miércoles balance de la situación de este problema, que ha empeorado durante el primer semestre del año ya que el número de mujeres asesinadas creció un 26%. E hizo algunas consideraciones sobre el papel de la Justicia en la contención de esta violencia machista. Entre otras cosas, dio a entender que hay en la actualidad unas 500 mujeres «en riesgo alto o extremo» que no serían suficientemente protegidas por el sistema judicial, que, teniendo a su disposición 3.000 pulseras con GPS para localizar a los agresores potenciales, tan sólo mantiene en funcionamiento 369. Las asociaciones judiciales han saltado como un resorte ante esta insinuación y han acusado a Lorente de lanzar un mensaje «confuso, por lo ambiguo, y equívoco, por lo genérico, «que pone de manifiesto su pretensión de «cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas» de los casos de violencia de género. Y han señalado que, al estar en juego un derecho fundamental, la pulsera no puede ser aplicada sin pruebas. El choque entre la Administración y la Justicia es, en este caso, estimulante, ya que sirve de acicate a unos y a otros.
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