La misoginia es una forma de sexismo que significa odio, repudio o desprecio por lo femenino.
Criminalizar las migraciones y dejar el campo libre a la trata de personas propician el aumento de los asesinatos machistas. A partir de varias investigaciones, se ha demostrado que entre los agresores que han quitado la vida a mujeres hay delincuentes vinculados a negocios ilícitos y/o al crimen organizado. De igual manera se constata que un porcentaje elevado de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, previamente denunciaron hechos de violencia que quedaron sin castigo. Otro rasgo comprobado es que el 83 por ciento de estos crímenes se perpetraron con armas de fuego y que un manto de impunidad cubre a los responsables.
Todo lo anterior fundamenta la decisión de varias organizaciones para impulsar la “Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres”, en la que participan defensoras de derechos humanos y periodistas de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. El año pasado sólo en estos 4 países centroamericanos 1,783 mujeres fueron asesinadas.
Insistir sobre la problemática de la violencia contra niñas, jóvenes, adultas y ancianas sigue siendo válido en tanto no existan soluciones. En múltiples espacios se ha señalado la falta de castigo a los responsables y de resarcimiento a las víctimas, así también los pocos avances y límites de la legislación para encauzar procesos contra los agresores. Lo que ahora falta es señalar la responsabilidad por omisión que tienen las personas encargadas de la administración de justicia, ya que de manera impune impiden que procesos se agilicen, revictimizan a las denunciantes, rechazan el carácter social del fenómeno de la violencia machista o inculpan a las víctimas de las agresiones recibidas.
Entre los aspectos importantes de la campaña mencionada se destaca el interés por explicar que los femicidios “son una manifestación de odio o sanción a la autoafirmación femenina y de sometimiento de la voluntad o el cuerpo de las mujeres”, así como la convocatoria a dar a conocer a esos funcionarios misóginos, quienes a partir de sus actuaciones o silencios obstaculizan la identificación y castigo de agresores y asesinos. La obstrucción de justicia también merece ser sancionada.
Las historia en Guatemala ha demostrado cómo ciertos personajes al no ser enjuiciados pueden ocupar cargos públicos o realizar libremente campañas electorales. Ya sea con caras cínicas o rostros simulados de benévolos actúan impunemente como si no existiera un pasado que los inculpa. Sólo con justicia será posible acabar con la violencia de quienes amparados en odio y desprecio matan. Las víctimas en el conflicto armado fueron miles de mujeres y hombres, en esta supuesta paz las cifras aumentaron, entre ellas, los femicidios.
Criminalizar las migraciones y dejar el campo libre a la trata de personas propician el aumento de los asesinatos machistas. A partir de varias investigaciones, se ha demostrado que entre los agresores que han quitado la vida a mujeres hay delincuentes vinculados a negocios ilícitos y/o al crimen organizado. De igual manera se constata que un porcentaje elevado de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, previamente denunciaron hechos de violencia que quedaron sin castigo. Otro rasgo comprobado es que el 83 por ciento de estos crímenes se perpetraron con armas de fuego y que un manto de impunidad cubre a los responsables.
Todo lo anterior fundamenta la decisión de varias organizaciones para impulsar la “Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres”, en la que participan defensoras de derechos humanos y periodistas de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. El año pasado sólo en estos 4 países centroamericanos 1,783 mujeres fueron asesinadas.
Insistir sobre la problemática de la violencia contra niñas, jóvenes, adultas y ancianas sigue siendo válido en tanto no existan soluciones. En múltiples espacios se ha señalado la falta de castigo a los responsables y de resarcimiento a las víctimas, así también los pocos avances y límites de la legislación para encauzar procesos contra los agresores. Lo que ahora falta es señalar la responsabilidad por omisión que tienen las personas encargadas de la administración de justicia, ya que de manera impune impiden que procesos se agilicen, revictimizan a las denunciantes, rechazan el carácter social del fenómeno de la violencia machista o inculpan a las víctimas de las agresiones recibidas.
Entre los aspectos importantes de la campaña mencionada se destaca el interés por explicar que los femicidios “son una manifestación de odio o sanción a la autoafirmación femenina y de sometimiento de la voluntad o el cuerpo de las mujeres”, así como la convocatoria a dar a conocer a esos funcionarios misóginos, quienes a partir de sus actuaciones o silencios obstaculizan la identificación y castigo de agresores y asesinos. La obstrucción de justicia también merece ser sancionada.
Las historia en Guatemala ha demostrado cómo ciertos personajes al no ser enjuiciados pueden ocupar cargos públicos o realizar libremente campañas electorales. Ya sea con caras cínicas o rostros simulados de benévolos actúan impunemente como si no existiera un pasado que los inculpa. Sólo con justicia será posible acabar con la violencia de quienes amparados en odio y desprecio matan. Las víctimas en el conflicto armado fueron miles de mujeres y hombres, en esta supuesta paz las cifras aumentaron, entre ellas, los femicidios.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario