VIOLACIÓN ENTRE REJAS

VIOLACIÓN ENTRE REJAS

A juzgar por la prensa popular, la violación es aceptada casi como algo común en las cárceles, tanto es así, que cuando se habla de prisiones es cuasi obligada la referencia jocosa a las violaciones. Teniendo en cuenta el lugar que ocupa la violación en la visión generalizada de la vida carcelaria, pocas personas se sorprenderían ante la declaración de que los hombres son violados frecuentemente en prisión. A pesar de ello, se echa de menos una atención seria, constante y constructiva al problema. Como Stephen Donaldson, ex presidente de la organización Stop Prisoner Rape, dijo una vez: "la violación masculina es un asunto tabú en el debate público…si alguna vez ha habido un crimen silenciado tras una cortina, es la violación masculina".

Sin lugar a dudas, la dura realidad de los abusos sexuales de unos presos sobre otros es poco conocida. No existen datos nacionales concluyentes sobre la frecuencia de la violación y otros abusos sexuales entre los presos en los Estados Unidos. Está claro que pocos comentaristas se atreven ni siquiera a especular sobre la incidencia nacional de la violación masculina, aunque algunos, extrapolando estudios a pequeña escala, han realizado estimaciones sobre su incidencia. Con el crecimiento asombroso de la población presidiaria durante las dos últimas décadas, tal ignorancia está más injustificada que nunca.

No es una sorpresa que las autoridades de prisiones defiendan, en general, que los abusos sexuales entre los presos son una excepción más que un problema sistemático. Los funcionarios de prisiones de Nuevo México, por ejemplo, al responder a nuestra solicitud de información del año 1997 sobre "el 'problema' de la violación y los abusos sexuales entre presos" (las comillas del "problema" son de ellos), señalaron que ellos no habían "registrado ningún incidente durante los últimos años". El Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska informó a Human Rights Watch de que tales incidentes eran "mínimos". Solamente Texas, Ohio, Florida, Illinois y la Oficina Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons) dijeron que tenían información de más de cincuenta incidentes en un año determinado, cantidad que, dado el tamaño de estos sistemas de prisiones, todavía se traduce en porcentajes extremadamente bajos de agresiones.

Sin embargo, la información de las autoridades no es consistente con las investigaciones independientes sobre el tema. Estudios académicos recientes han calculado porcentajes pasmosos de abusos sexuales, incluyendo relaciones forzadas orales y anales. En diciembre del 2000, el Prison Journal publicó un estudio basado en una investigación sobre los presos de siete cárceles de hombres en cuatro estados diferentes. El resultado mostraba que el 21 por ciento de los internos había mantenido al menos un contacto sexual forzado o bajo coacción desde su ingreso en la cárcel, y que por lo menos el 7 por ciento había sido violado dentro de la cárcel. Un estudio de 1996 sobre el sistema penitenciario de Nebraska produjo resultados similares, con un 22 por ciento de presidiarios denunciando que había sido coaccionado o forzado a tener contactos sexuales en contra de su voluntad dentro de la cárcel. De estos, alrededor del 50 por ciento se había sometido a relaciones anales al menos una vez. Extrapolando estos resultados a nivel nacional, obtenemos como resultado un total de 140.000 presos que han sido violados.

Gitanos:Derechos humanos y europeos

Gitanos:Derechos humanos y europeos

El presidente de la Comisión Europea, el ex primer ministro de Portugal José Manuel Durao Barroso, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se enfrascaron en una dura discusión. La causa fue la expulsión de ciudadanos rumanos (gitanos, roma) del territorio francés. La comisaria luxemburguesa Viviane Reding, a cargo de la cartera de Justicia, comparó la decisión de Sarkozy con las deportaciones nazis de la II Guerra Mundial. Sarkozy les respondió que podía recibir a todos los expulsados en su nativa Luxemburgo. Aunque luego Reding reconoció la exageración de su declaración, el asunto que provocó ese áspero triángulo no ha desaparecido.

El origen de esas peligrosas discusiones, alarmante porque levanta nuevas dudas sobre la efectividad de la UE, fue la expulsión sumaria de más de 8.000 gitanos y su embarque en vuelos con destino a su país de origen. Como muestra de las divisiones que amenazan gravemente a la UE, algunos mandatarios europeos respaldaron diplomáticamente a Sarkozy, a sabiendas de que la inmigración ilegal en sus propios países pueda desencadenar incidentes similares. La canciller Angela Merkel se apresuró por su parte a desmentir la alusión de Sarkozy, quien alegaba que su colega tenía proyectada una similar operación en Alemania, con las consecuencias que podrían derivarse teniendo en cuenta el trágico pasado de su país.

La opinión europea se hizo eco de la gravedad de los efectos de la aparente violación de derechos fundamentales, y también de las ramificaciones jurídicas de la decisión. El hecho no solamente invitaba a la condena moral, sino que hacía trizas la propia legislación de la UE, y además el ordenamiento de una Europa más amplia, organizada en el seno del Consejo de Europa (diferente del Consejo Europeo), cuya atribución central es precisamente el terreno de los derechos humanos.

Así, por lo tanto, conviene proceder a una lectura rigurosa del entramado legal en el que se inserta el incidente, tal como ha hecho la catedrática de la Universidad de Salamanca Araceli Mangas, una autoridad de la complejidad de la UE. Así, por ejemplo, se repara en que la decisión de Sarkozy simultáneamente ataca dos legislaciones, de las que Francia es signatario pleno.

En primer lugar, la medida tomada por el presidente francés se topa con unas básicas normas de la UE, que regulan la libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión, y los gitanos del caso son abrumadoramente rumanos. Pero, por encima de la legislación de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) declara de forma textual la prohibición de «expulsiones colectivas de extranjeros». Como letra pequeña de esa obligación, las reglas de la UE son cristalinas. Todos los ciudadanos de la UE (y sus familias, sin distinción de nacionalidad) tienen vía libre de circulación, cualquiera que sea el motivo.

Además, todo ciudadano de la UE tiene derecho a elegir su «residencia permanente, en cualquier municipio, en cualquier Estado», beneficio extensivo a sus familias. Este derecho no está solamente respaldado por normas globales, sino que está perfectamente tipificado en los sucesivos tratados de la UE, modificados periódicamente. Taxativamente se prohíbe cualquier tipo de discriminación a causa de la nacionalidad o el origen racial.

Es cierto que esos derechos no son ilimitados, y son diferentes a los disfrutados por los nacionales, pero nunca quedan sujetos a decisiones caprichosas. La legislación comunitaria, por ejemplo, exige que los nuevos residentes deban probar que tienen medios para mantenerse, para no terminar asistidos por la beneficiencia pública. ¿Quiere decir eso que el Estado receptor puede expulsar a los que no posean medios? Sí, pero el problema se debe tratar individualmente, caso por caso, y nunca de manera colectiva. La causa solamente puede ser atribuida a razones de orden público, seguridad o salud pública.

Por lo tanto, Sarkozy tendría derecho a decretar la expulsión, pero solamente la que afectara a los individuos que estuvieron implicados en unos recientes altercados en los que murió un ciudadano rumano. Los cargos se deberían presentar al individuo en concreto, y solamente una sentencia judicial daría el visto bueno a la expulsión. Ninguno de esos pasos ha sido cumplido por las autoridades francesas. Para más duda sobre la medida, conviene también recordar que ese tipo de expulsiones no puede ser de por vida. Cada tres años los afectados pueden solicitar la revisión de la aparente 'violación grave' de derechos humanos y del derecho de la UE. De fallar en su favor los tribunales, los expulsados podrían demandar su reintegración y recibir una compensación económica.

De momento, a la espera del expediente abierto por la Comisión Europea, el Gobierno francés no se ha retractado. De lo que finalmente resuelvan las instituciones de la UE depende que el daño también afecte a la propia Unión, en absoluto necesitada de muestras negativas de justicia.

Liu Xiaobo

Liu Xiaobo

El escritor chino Liu Xiaobo, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2010 y en prisión desde 2008 por pedir reformas democráticas, es un molesto disidente para el Gobierno de Beijing, que ha tratado, sin éxito, de intimidar a la Academía sueca.

Nacido en Changchun (Jilin) el 28 de diciembre de 1955, Liu es uno de los autores del manifiesto "Carta 08", rubricado por otros 303 intelectuales y artistas de su país en 2008, y que un año después le supuso una condena de once años entre rejas.

En el documento, los todavía hoy acosados firmantes pedían al Gobierno de la segunda potencia económica que aplicara derechos recogidos en la Constitución china, como la libertad de prensa y de expresión, el multipartidismo o la protección del medio ambiente.

El manifiesto, que hoy acumula 20.000 firmas, estaba inspirado en la "Carta 77" que la oposición de la extinta Checoslovaquia redactó en 1977 y contribuyó a la caída del régimen comunista en 1989.

Fue ese mismo año cuando Liu abandonó su estadía como profesor visitante en la Universidad de Columbia, en Nueva York, para encabezar la huelga de hambre en las protestas estudiantiles de la plaza de Tiananmen, en Pekín, que ese verano acabaron en masacre.

Aquella madrugada del 4 de junio de 1989, él y otros tres veteranos activistas salvaron cientos de vidas al negociar una salida pacífica de la plaza antes de que los carros blindados mataran a los centenares que se negaban a abandonar su protesta en las inmediaciones.

Quienes lo conocen de entonces aseguran que su carácter se suavizó y su lucha tomó un cariz pacifista y dialogante.

Tiananmen le valió una primera condena, de dos años, y en 1996 llegó la segunda, de tres, en un "campo de reeducación laboral" ("laogai") donde celebró su matrimonio con su segunda y actual esposa, la poetisa Liu Xia, cinco años más joven que él y que gracias al certificado podía visitar a su marido a menudo.

Ella cuenta que les une una amistad de décadas y su amor por la literatura, en concreto por Dostoievski y Kafka; y él definía así su relación en un mensaje escrito tras la sentencia de 2009:

La misma calma interior que mostraba en 2007, cuando abandonó la presidencia del Centro Chino PEN para la libertad de expresión y, en una entrevista concedida a EFE, anticipaba un futuro carcelario que se veía resignado a afrontar para proseguir con su lucha pacífica.

Consecuencias del maltrato en las mujeres

Consecuencias del maltrato en las mujeres


Sobre la salud física
El 60% de las mujeres reconoce haber tenido o tener algún problema de salud asociado al maltrato. El 19% de estos trastornos son de tipo físico, tales como rupturas, hematomas, etc. Estos episodios suelen ser tratados para el 18% de las mujeres en los servicios de urgencias, donde adquieren, 21%, un certificado médico del mismo. Una de las consecuencias físicas relatadas por las mujeres con cierta relevancia son los trastornos ginecológicos, 24%.

Sobre la salud psíquica

El 42% informa haber tenido algún tipo de trastorno psíquico como consecuencia del maltrato, siendo la depresión, 29%, la patología más detectada. El 35% de las mujeres ha sido tratada de dicha alteración, siendo la terapia psicológica, 20%, la estrategia de intervención más habitual.

Otras consecuencias detectadas son: el consumo de sustancias, 27%, los pensamientos de suicidio, 58%, la insatisfacción personal, 34% y la baja valoración de sí misma, 28%.

Sobre la vida sexual

Únicamente el 20% de las mujeres entrevistadas mantiene relaciones sexuales en la actualidad, y el 30% de comunica que tiene problemas con su vida sexual.

Consecuencias sociales del niño maltratado

Consecuencias sociales del niño maltratado

Aunque el maltrato de menores casi siempre ocurre en el entorno familiar, sus consecuencias van mucho más allá de esta pequeña esfera. En términos de costos directos e indirectos, la sociedad es la que paga las consecuencias del abuso y la negligencia.

Costos directos. Estos son los costos permanentes para mantener un sistema de bienestar de menores con la capacidad para investigar y darle seguimiento a casos de maltrato de menores. Los costos directos son los costos judiciales, médicos, de salud mental y de imposición del cumplimiento de la ley. Un estudio de Prevent Child Abuse America de 2001 estima que estos costos ascienden a más de 24,000 millones de dólares al año.

Costos indirectos. Los costos indirectos representan las consecuencias económicas a largo plazo del maltrato infantil. Estos costos incluyen aquellos asociados al crimen, la delincuencia juvenil y adulta, las enfermedades mentales, el abuso de sustancias y la violencia doméstica. Pero también son costos relacionados a la pérdida de la productividad como consecuencia del desempleo o el subempleo, el costo de la educación especial y el uso frecuente de los servicios médicos. La organización Prevent Child Abuse America estima que estos costos ascienden a más de 69,000 millones de dólares al año.

Consecuencias para el comportamiento del niño maltratado

No todas las víctimas del abuso y la negligencia experimentan cambios en su comportamiento o en su manera de actuar. Sin embargo, el abuso y la negligencia hacen más probables las consecuencias a largo plazo. Un estudio de NSCAW con niños entre los tres y cinco años viviendo con padres sustitutos encontró que estos niños tenían más problemas de comportamiento que los niños en la población general (Administración para los Niños y las Familias, 2004b). Veamos algunas de estas consecuencias:

Dificultades durante la adolescencia. Varios estudios han concluido que los niños abusados o descuidados tienen por lo menos un 25 por ciento de probabilidades de meterse en problemas con la delincuencia, las drogas, el bajo rendimiento académico, e incluso el embarazo adolescente. Con frecuencia, también tienen problemas de salud mental (Kelley, Thornberry, & Smith, 1997). Otros estudios sugieren que los niños abusados o descuidados tienen más probabilidades de arriesgarse sexualmente al llegar a la adolescencia y contraer una enfermedad de transmisión sexual (Johnson, Rew, & Sternglanz, 2006).

La delincuencia juvenil y la criminalidad adulta. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Justicia, los niños abusados o descuidados tienen más probabilidades de ser arrestados por actos criminales antes de llegar a la mayoría de edad, más probabilidades de ser arrestados por actos violentos o criminales como adultos, y más probabilidades de ser arrestados por uno de varios tipos de crimen violento como adultos o menores de edad (English, Widom, & Brandford, 2004).

El abuso del alcohol y las drogas. Los investigadores han demostrado una y otra vez que los niños abusados y descuidados tienen más probabilidades de fumar, abusar del alcohol o consumir drogas ilícitas durante su vida (Dube et al., 2001). Según un reporte del Instituto Nacional para el Abuso de Sustancias, al menos dos terceras partes de los individuos que reciben tratamiento por abuso de drogas dicen haber sido maltratados durante su infancia (Swan, 1998).

Comportamientos abusivos. Muchos padres abusivos fueron abusados durante su infancia. Se estima que aproximadamente una tercera parte de los niños abusados o descuidados eventualmente causarán daño a sus propios hijos (Prevent Child Abuse New York, 2003).

Despedidos 500 maestros en Kenia por violar a niñas de primaria

Despedidos 500 maestros en Kenia por violar a niñas de primaria

Más de 500 profesores que impartían clases en escuelas de primaria de Kenia han sido despedidos y se someterán a un proceso judicial por haber abusado sexualmente de sus alumnas menores de edad, muchas de las cuales se quedaron embarazadas. El escándalo fue revelado ayer por el presidente de la Comisión del Servicio del Profesorado, Ibrahim Husein. No es la primera vez que la sociedad keniana hace frente a un suceso de este tipo, ya que el año pasado otros 600 profesores perdieron su trabajo por idénticos motivos.

En los últimos dos años, pues, más de un millar de profesores han perdido su empleo acusados de abusos a distintos niveles, desde besos y tocamientos hasta relaciones sexuales completas que han acarreado embarazos.

Los abusos se han cometido, mayoritariamente, en escuelas del ámbito rural y las alumnas víctimas tienen edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. El presidente del organismo de control del profesorado explicó que una línea confidencial de ayuda ofrecida a las víctimas ha permitido constatar que los abusos estaban mucho más extendidos de lo que inicialmente pensaban las autoridades.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades radica en la dificultad de someter a los implicados a un proceso judicial ya que, habitualmente, los profesores acusados sobornan a los padres de las víctimas para que retiren sus acusaciones.

"El número de profesores que han sido despedidos y luego llevados a juicio es bastante bajo y, para resolver esto, necesitamos el apoyo de los familiares y de las comunidades", pidió Ibrahim Husein en el transcurso de la conferencia anual de la asociación de directores de colegios de primaria celebrada en Mombasa.

Husein hizo un llamamiento a los padres para que no pacten con los acusados y para que garanticen el regreso a la escuela de las niñas afectadas. Sin embargo, Husein recomendó que las alumnas que han quedado embarazadas se escolaricen en un centro diferente para evitar ser estigmatizadas.